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Se refugió en nuestro país (Uruguay) a finales de 1991; ingresó ilegalmente, con documentación falsa, bajo protección de los servicios de inteligencia de Chile y Uruguay. Éste genocida chileno llamado Eugenio Berríos, ex agente de la disuelta D.I.N.A, tenía suficiente información para comprometer al General Augusto Pinochet. Era el encargado de fabricar el gas sarín para asesinar a los opositores del dictador. En Chile era requerido por la justicia en el marco de la investigación del homicidio del mártir Orlando Letelier (asesinado en EE.UU. por orden de Pinochet).
En territorio uruguayo, Berríos se movía con demasiada libertad, hasta visitaba la Embajada de Chile, lo que era visto con preocupación por las cúpulas militares del Plan Cóndor, que lo seguían muy de cerca.
Los militares chilenos trasladaron al químico a Argentina y luego a Uruguay para evitar que declarara los secretos que conocía. Berríos en el ´92 intentó comunicarse con el cónsul de Chile en Montevideo para informarle que era víctima de persecuciones.
Los militares chilenos querían también evitar que Berríos cayera en manos de poderosos traficantes de droga que seguían su pista, a quienes el químico había estafado con la promesa de producir cocaína más pura a bajo costo. En Santiago investigaban a un chileno, traficante, testigo de las implicancias de Berríos y agente de la D.E.A. Éste no pudo declarar al estar amparado por el gobierno norteamericano, por ser agente secreto de aquél país.
En 1993, Berríos se presentó en una comisaría uruguaya donde declaró que había escapado de manos de militares chilenos y argentinos que lo tenían secuestrado en territorio uruguayo.
La presencia del químico en Uruguay fue denunciada en junio de ese año mediante un escrito recibido por varios legisladores quienes exigieron una investigación inmediata al entonces presidente Luís Alberto Lacalle.
Se supo que el chileno había alquilado una casa en un balneario próximo a Montevideo, pero sus vecinos habían dejado de verlo; estaba literalmente desaparecido.
Se filtró la información según la cual Berríos había declarado en una comisaría y los policías lo habían entregado a miembros de las Fuerzas Armadas. Seguía desaparecido.
A fines de febrero de ése año, casualmente, Pinochet visitó sorpresivamente Montevideo; vino con una delegación de oficiales chilenos "a visitar a sus amigos" según sus palabras. Las reuniones con los militares uruguayas fueron secretas.
El general visitante contó con la ayuda oficiosa del entonces Teniente Coronel Tomás Casella.
La investigación exigida en el Parlamento uruguayo referida a Berríos, fue realizada por el entonces Ministro de Defensa Mariano Brito. Éste reveló que el químico había sido "protegido" por militares uruguayos y que, el Teniente General Casella y el Capitán Radaelli estuvieron directamente vinculados a la "protección" del chileno en nuestro país.
Berríos continuó desaparecido hasta que, en 1995, fueron encontrados sus restos en un balneario, a 30 km. de Montevideo.
Según las investigaciones realizadas se supo que fue asesinado después de la llegada del general Pinochet a nuestro país. Además de Casella y Radaelli, estaba involucrado Sarli. Es muy probable que estos militares estén directamente vinculados con el secuestro y fusilamiento de Berríos. La justicia uruguaya investigó el caso durante trece años; inclusive vino un juez y policías chilenos, pero no se logró condenar a nadie y el caso fue archivado. Estos oficiales pasaron también por los Tribunales de Honor y Justicia Militar y no se pudo probar su participación ni en el secuestro ni en el homicidio del genocida fusilado. Radaelli y Sarli, oficiales que están en actividad, eran oficiales subalternos (no Casella que era ya Coronel); actuaron cumpliendo órdenes. Ninguno de sus mandos ha sido investigado; tampoco los mandos chilenos. (Pinochet fue declarado por la justicia chilena inocente del Plan cóndor).
Según el informe del Ministro de Defensa de la época (ya mencionado), el Jefe de Inteligencia, que era el General Aguerrondo, estaba en conocimiento del operativo de coordinación clandestino.
La justicia chilena ya dictó sentencia contra los tres oficiales uruguayos y pidió su extradición, lo que ya fue aceptado por la Suprema Corte de Justicia del Uruguay. ¿Por qué no se pide la extradición de Aguerrondo y las principales jerarquías implicadas ya sean por hecho o por omisión? (Sería un tremendo escándalo, un terremoto político en Uruguay).
La justicia uruguaya se declaró "incompetente", se lavó las manos en el caso Berríos. Chile deberá aceptar algunas garantías que le exige la justicia uruguaya para hacer efectiva la extradición de Casella, Sarli y Radaelli. Desde el viernes, éstos se encuentran detenidos en un Instituto Militar. Se supone que los mismos, una vez llegados a Chile, no harán ninguna declaración que afecte o involucre a mandos superiores por un tema de lealtad militar.
Se supo que la causa de la muerte del ex presidente chileno Frei fue envenenamiento, y la culpa recae sobre el fallecido Berríos que, obviamente, no puede declarar.
Bastará que uno de los oficiales uruguayos declare que Berríos confesó su culpabilidad. (La responsabilidad del asesinato de Berríos caerá sobre estos tres oficiales uruguayos y colorín colorado, caso cerrado).
Todo este rollo, fruto del Plan Cóndor, fue consumado bajo dos gobiernos democráticamente electos tanto en Chile como en Uruguay. Sus cadenas de mando eran muy claras. Éstos uruguayos, chivos expiatorios, irán a cumplir condena, se dirá "se hizo justicia", mientras los máximos responsables, con “Pinocho” a la cabeza, seguirán saliendo impunes de los juzgados.
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